Pulicada en Rebelión
Pamela Damia
El presidente boliviano, Carlos Mesa, continúa su presiones sobre el Congreso para aprobar una ley favorable a las empresas petroleras extranjeras que controlan toda la riqueza energética del país, la segunda más importante de Sudamérica. Los dirigentes de los más importantes movimientos sociales consideran que el gobierno busca evitar que los sectores sociales vuelvan a […]
El presidente boliviano, Carlos Mesa, continúa su presiones sobre el Congreso para aprobar una ley favorable a las empresas petroleras extranjeras que controlan toda la riqueza energética del país, la segunda más importante de Sudamérica.
Los dirigentes de los más importantes movimientos sociales consideran que el gobierno busca evitar que los sectores sociales vuelvan a las calles y pretende desarticular la lucha por la nacionalización del gas y de petróleo.
Las organizaciones populares cuestionan la decisión de Mesa de no promulgar ninguna ley que emane del Congreso, hasta que éste apruebe, sin modificaciones ni cambios, la Ley de Ejecución y Cumplimiento del Referéndum, que sintetiza la interpretación que el gobierno hace de los resultados de la consulta del 18 de julio pasado.
Esa posición es cuestionada por distintos sectores políticos, como el Movimiento al Socialismo (MAS), principal aliado del gobierno pero también enraizado en una parte importante del movimiento campesino y «cocalero».
Su principal dirigente, el diputado Evo Morales, alertó recientemente que el presidente Mesa podría seguir los mismos pasos de su antecesor, Gonzalo Sánchez de Losada, derrocado en octubre del 2003 en la denominada Guerra del Gas, la que dejó un saldo de más de 80 muertos en todo el país como consecuencia de la violenta represión policial.
«El presidente debe respetar los resultados del referéndum, que es recuperar los hidrocarburos. Si las transnacionales quieren quedarse, que lo hagan, y si necesitamos tecnología de las petroleras, hay que hacer un contrato de servicios. Ellas no pueden seguir decidiendo sobre nuestros recursos naturales», dijo Morales.
Mesa estaría acumulando pólvora para provocar una eclosión social en el país a través del alza de los combustibles, lo que ya provocó la suba en el precio de la garrafa de gas licuado (principal energético que usan los bolivianos para preparar los alimentos diarios), y elevará significativamente el costo de vida.
Los representantes de las organizaciones sindicales y vecinales de la ciudad de El Alto, anunciaron la realización de marchas de protesta hacia la ciudad de La Paz en los próximos días.
En los últimos meses, el precio del litro de gasolina subió 10 centavos y 11 centavos el de diesel. Arbitrariamente, Bolivia debe estar sujeto al precio internacional siendo productor de combustible. El incremento se debe a la variación del tipo de cambio del peso boliviano respecto al dólar y a la aplicación del Precio de Referencia, que es la cotización internacional de ese hidrocarburo.
El ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, confirmó que el gobierno no congelará el precio de los combustibles. «Va ir subiendo de centavo a centavo y no será una cosa traumática. Traumático sería que digamos ahora que la gasolina subirá en un 30 ó 40 por ciento», aseguro por su parte el ministro.
«Hipócritamente, el gobierno decía que iba a firmar un acuerdo con las petroleras, pero ahora se saca la careta y dice que eso no se puede y que se enmarcará en los precios del mercado internacional», protestó el dirigente de los transportistas, Angel Villacorta.
Frente a éste escenario, ya comenzaron las movilizaciones: los choferes de El Alto tomaron la iniciativa con un paro movilizado, los dirigentes del transporte sindicalizado paceño convocaron a una huelga de hambre para esta semana y a partir de la próxima organizarán marchas, protestas y piquetes en los surtidores para luego ingresar en un paro indefinido.
También los panificadores prevén que el precio del pan de batalla podría subir el precio debido a la constante alza de los combustibles, afirmó su dirigente Dandy Mallea. Transportistas y panificadores aseguran que un ajuste de precios es inminente, por ello la Federación de Juntas Vecinales de Santa Cruz amenazan con tomar la planta de Palmasola. Policías y militares custodian ese establecimiento.
«Que el presidente Mesa tenga una política económica y social para el pueblo porque nos está matando de hambre», protestó el dirigente vecinal Romel Porcel.
Los últimos acontecimientos demuestran que el referéndum lejos estuvo de cicatrizar las contradicciones sociales de un país que tiene en su reserva gasífera el motor de su economía. Las organizaciones sociales protagonistas de la revuelta de octubre que le puso fin al gobierno de Sánchez de Losada habían rechazado la consulta vinculante porque no contemplaba ningún punto de sus reivindicaciones y porque, en su esencia, el marco legal seguía depositando el control de esta riqueza en manos de las transnacionales. La suba de combustible parece darles la razón.
El bloque dominante del altiplano tampoco ha logrado consenso en las alturas para conducir este proceso, los cortocircuitos entre el Congreso y el Ejecutivo a la hora de plasmar en ley los resultados del referéndum representan todo un síntoma del legado de falta de legitimidad que heredaron de Sánchez de Losada.
La solución es tan simple como subversiva para los intereses de los grupos financieros concentrados: nacionalizar los recursos para que el gas encienda el mercado interno y cobije los hogares del subsuelo de la patria que amenaza con sublevarse otra vez, si no cumplen con sus demandas políticas.
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